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Opinión

Empleadas de hogar (I). Federica Ibárruri

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Gracias al trabajo invisible y en condiciones precarias que realizan alrededor de un millón de mujeres en España, muchas otras mujeres y sus familias pueden/podemos afrontar el día a día con una calidad de vida muy distinta…

_Gracias al trabajo invisible y en condiciones precarias que realizan alrededor de un millón de mujeres en España, muchas otras mujeres y sus familias pueden/podemos afrontar el día a día con una calidad de vida muy distinta a la que tendrían/tendríamos sin el trabajo doméstico y de cuidados que realizan "las empleadas del hogar".

 

 

En España, son las únicas trabajadoras (pues en su mayoría son mujeres) cuyo contrato de trabajo no cotiza por desempleo y, por lo tanto, no tienen derecho a paro. Esto se agrava por el hecho de que pueden ser despedidas libremente sin que se exija alegar causa objetiva ninguna. Cuando su trabajo deja de convenir a la persona para la que limpian, cuidan o mantienen, se prescinde de ellas, y punto. Da igual que coticen a la Seguridad Social, sus derechos económicos no existen a ojos del Estado español. Entre otras cosas porque, a pesar de haberlo prometido reiteradas veces, España todavía no ha ratificado -nueve años después- el Convenio 189 de la OIT ni tampoco la Recomendación 201.

 

Mientras Naciones Unidas recomienda a todos los Estados que adopten nuevas medidas que protejan a las empleadas del hogar y los cuidados, en nuestro país parece que nos damos por satisfechos con que se haya aprobado in extremis un subsidio extraordinario ante la crisis de la COVID-19. Una ayuda económica del 70% de la base reguladora de su contrato que, supuestamente, alcanzaría a algo más de la mitad de las 600.000 mujeres que calcula la Encuesta de Población Activa que realizan trabajos del hogar y de cuidados en España. Solo aquellas que tuvieran un contrato (son 374.675 las afiliadas al sistema especial de empleadas del hogar) y que hubieran perdido su empleo o visto reducido su trabajo por la crisis de la COVID-19.

 

El resto son mujeres trabajadoras en una economía sumergida a la que contribuyen decenas de miles de hogares donde, en su mayoría, cuesta entender que quienes acuden a sus hogares están realizando un trabajo como el de cualquier otro ciudadano. Por otra parte, esta economía sumergida se convierte en una de las pocas alternativas para muchas mujeres que, sin permiso de residencia y/o trabajo, son expulsadas y excluidas de otros trabajos al estar en vigor una ley de extranjería que condena a la explotación, marginación e invisibilización a gran parte de la población migrante. Una ley racista, desde la lógica de derechos humanos, porque borra los derechos de las personas por el solo hecho de no ser españoles.

 

 

En junio pasado, de esas casi 400.000 potenciales beneficiarias solo se habían recibido 27.815 solicitudes para este subsidio, según ha informado el Servicio Público de Empleo (SEPE). Y lo que es más inquietante, la práctica totalidad de estas ayudas no se han empezado a cobrar todavía por parte de las mujeres que las han solicitado. Cien días después de decretarse el estado de alarma, estas solicitudes de subsidio extraordinario siguen sin llegar a las pocas mujeres que las han solicitado. Del resto no sabemos nada, como si no existieran.

 

 

 

 

 

 

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