“El Parlamento Europeo dice que toda la vivienda, incluida la privada, es un servicio esencial que debe regularse”

La resolución aprobada en Estrasburgo “sería considerada de extrema izquierda” en España, destaca Jaime Palomera, coportavoz del Sindicato de Inquilinos…

_La resolución aprobada en Estrasburgo “sería considerada de extrema izquierda” en España, destaca Jaime Palomera, coportavoz del Sindicato de Inquilinos

El acceso a una vivienda adecuada debería ser un derecho fundamental en la Unión Europea, según la resolución aprobada el pasado jueves por el Pleno del Parlamento Europeo por 352 votos a favor, 179 votos en contra y 152 abstenciones. Una resolución que en el Estado español “sería considerada de extrema izquierda”, ha destacado, consultado por LUH, Jaime Palomera –coportavoz del Sindicato de Inquilinos–, después de que el colectivo haya repasado “a fondo” la resolución. “No habla de regular los precios del alquiler como han publicado algunos medios, pero sí de vivienda digna, de normas y protecciones, de lucha contra las inversiones especulativas y contra la turistificación de la vivienda…, y no habla también de esa regulación de los precios del alquiler sólo porque Ciudadanos y las derechas impidieron por unos pocos votos que eso también se aprobara”. “A pesar de que algunos están intentando desviar el foco, la resolución del Parlamento Europeo dice que la vivienda es un derecho y no un activo, que toda la vivienda, incluida la privada, es un servicio esencial que debe regularse y que hay que poner límite a la especulación financiera”, ha insistido Palomera.

En este sentido, Palomera ha destacado a este diario que la resolución del Parlamento Europeo es “una enmienda a lo que defienden Ciudadanos y compañía” en materia de vivienda y ha lamentado que un texto como el aprobado por el Parlamento Europeo se considere “de extrema izquierda” en España, a pesar de que la propia Constitución española establece en su artículo 47 que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

La resolución del Parlamento Europeo establece que la vivienda debe ser digna y adecuada –es decir que debe incluir “acceso a agua potable de calidad, saneamiento e higiene adecuados, así como conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas”– y también asequible –una vivienda es considerada asequible cuando la persona o familia que reside en ella cuenta con presupuesto suficiente para atender otros gastos esenciales–, y a este respecto denuncia que en el mercado libre más del 25% de los inquilinos de la UE dedican a la vivienda más del 40% de la renta de su hogar.

El Parlamento Europeo denuncia asimismo que en la UE duermen cada noche en la calle o en albergues al menos 700.000 personas –el 70% más que hace diez años– y que en numerosos Estados miembros la tasa de personas sin hogar ha aumentado en la última década debido al incremento del coste de la vivienda, al recorte de los programas sociales y a la suspensión de las ayudas, y alerta de que la proliferación del alquiler vacacional está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, con consecuencias para la habitabilidad de los centros urbanos y turísticos.

Por ello, el Parlamento Europeo insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a proteger mejor a los deudores hipotecarios contra los desahucios –que deben evitarse, también tras procesos de renovación– y a los Estados miembros y a las autoridades autonómicas y locales a mantener las medidas excepcionales adoptadas durante la crisis del COVID-19 –como la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministros y la provisión de viviendas temporales– y a adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas. El Parlamento Europeo también insta a impulsar la transparencia de los alquileres, a establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo o a apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos, como el Sindicato de Inquilinos en el caso del Estado español.

Los dos socios del Gobierno de coalición de España, PSOE y Unidas Podemos, votaron juntos en el Parlamento Europeo a favor de la resolución; sin embargo, son conocidas las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo en materia de vivienda. En el Sindicato de Inquilinos confían en que el PSOE sea consecuente con su posición en Estrasburgo y el Gobierno de coalición pueda avanzar en las medidas en materia de vivienda firmadas por PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo alcanzado tras las generales de noviembre de 2019.