Procesado el exdelegado Antonio Rivas por colar en un ERE de una empresa de Morón a su cuñado y otro intruso que pidió ayuda en una sede del PSOE

La Junta de Andalucía prejubiló en el ERE de Intesur SAU a tres intrusos vinculados al PSOE y les puso condiciones más ventajosas que a los empleados reales de esta empresa textil radicada en la localidad sevillana de Morón de la Frontera…

_La Junta de Andalucía prejubiló en el ERE de Intesur SAU a tres intrusos vinculados al PSOE y les puso condiciones más ventajosas que a los empleados reales de esta empresa textil radicada en la localidad sevillana de Morón de la Frontera. El juez que instruye el caso ERE ha dictado un auto en esta pieza separada que se centra en las ayudas irregulares de 3,1 millones de euros concedidas a la planta textil para prejubilar a su plantilla. Mediante dicha resolución han sido procesados el exdelegado provincial de Empleo de la Junta en la etapa socialista Antonio Rivas Sánchez; el exdirigente de Comisiones Obreras Juan Antonio Florido; tres exresponsables de la mediadora en las pólizas de seguro Vitalia, y dos de los tres intrusos (uno de ellos ha sido excluido tras fallecer durante la investigación) que fueron colados en el ERE de la sociedad donde no habían trabajado: el militante socialista Ricardo Medina y el cuñado de Rivas José Acevedo López. Todos ellos están a un paso de sentarse en el banquillo para ser juzgados.

Los falsos empleados que cobraron prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía tenían relaciones de parentesco o amistad con el que fuera delegado socialista de Empleo en Sevilla. Uno de los intrusos es el fallecido José Antonio García Prieto, que fue concejal del Ayuntamiento de Camas por el PSOE en periodos en los que el Rivas era alcalde de dicha localidad, mientras que su amigo, Ricardo Medina, también militante del PSOE y empleado en el Ayuntamiento de Camas entre 1997 y 2003, fue incluido en el ERE de manera irregular «al quedar en paro», pues «el PSOE había perdido las elecciones municipales» de 2003. Según recoge el auto del juez fechado el 16 de diciembre pasado, éste militante socialista «acudió a la sede del partido [en Camas] a pedir ayuda a José Antonio García Prieto, por aquel entonces concejal del PSOE» y luego incluido también en el ERE.

LAS AYUDAS ERAN HEREDITARIAS

Desde la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla se envió un fax al Sr. Jesús María Bordallo, responsable de la aseguradora Vitalia, compañía que gestionaba las pólizas del ERE de Intesur, adjuntando la documentación bancaria del intruso que acudió a pedir ayuda a la sede del PSOE y que había sido chófer del Ayuntamiento bajo el mandato de Rivas. El beneficio fue doble para las tres personas que no tenían relación alguna con la empresa: por un lado, les pagaron pólizas que no le correspondían y, por otro, las rentas que les aplican son más favorables que a los trabajadores reales de la textil porque revertían a su herederos al cien por cien «en caso de fallecimiento», según consta en la resolución remitida a ABC por el TSJA.

Mediante el citado auto fechado el día 16 de diciembre y notificado este martes a las partes personadas, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete personas investigadas por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Da traslado de la resolución a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

El magistrado dirige el procedimiento, en calidad de responsables civiles subsidiarios contra Vitalia, CCOO-Industria, la Confederación Sindical de CCOO y la Confederación Sindical de CCOO en Andalucía, dada la participación de su ex secretario de la Federación Textil-Piel y Químicas de CCOO en Andalucía (Fiteqa).

CUATRO EX ALTOS CARGOS EXCLUIDOS

El juez explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra otros cuatro ex altos cargos de la Junta, pues «ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta».

En el auto, el juez José Ignacio Vilaplana precisa que el objeto de esta pieza separada del caso ERE «lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas y abonadas desde el año 2003» por la Dirección General de Trabajo a la mercantil Intesur, precisando que el importe de estas «supuestas subvenciones graciosamente concedidas por la Junta ascienden, al menos, a la suma de 3.104.791,82 euros» y habrían tenido por objeto, fundamentalmente, «el pago de las indemnizaciones por despido de los trabajadores» de la empresa (prejubilados) afectados por dos ERE distintos mediante la financiación de un seguro de rentas.

Subvenciones injustas y arbitrarias

Según asevera el juez, «ante el planteamiento del correspondiente ERE, los investigados habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas, de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad y de espaldas al procedimiento legalmente establecido».

De este modo, los investigados «se habrían concertado para conseguir el otorgamiento ilícito de las ayudas» relacionadas en el auto con el correspondiente director general de Trabajo, «con quien ultiman la presentación de unos ERE y la formalización de las correspondientes pólizas de seguro, con la participación de la mediadora Vitalia, impuesta desde la Dirección de Trabajo, propiciando la inclusión fraudulenta e irregular -además de la de ellos mismos-, como beneficiarios de la correspondiente póliza», de tres «intrusos», uno de ellos ya fallecido.

En relación a los dos 'intrusos' contra los que se dirige el procedimiento, el instructor señala que no tenían relación laboral con la empresa, pero habrían sido incluidos «irregularmente» como asegurados en la correspondiente póliza de seguro de rentas merced a «su relación de amistad y parentesco» con el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla que consta como investigado en esta pieza separada, del que el juez destaca «su activa participación en la inclusión de los referidos intrusos». Estos dos «intrusos», además, «habrían podido informar a otros sujetos de la existencia y posibilidad de obtener estas «ayudas», como beneficiarios irregulares de pólizas de seguro de rentas de prejubilación de trabajadores de empresas aún cuando no hubieran trabajado para las mismas».

Así, y «prevaliéndose» de estas relaciones personales, los «intrusos» contra los que se dirige la causa «posibilitaron que los mediadores de las pólizas de seguro les incluyesen como beneficiarios de las referidas pólizas» pese a que «nunca habrían sido trabajadores de la empresa Intesur», mientras que el representante del sindicato CCOO investigado en este procedimiento «habría también colaborado activamente en la concesión y obtención, de manera ilícita y fraudulenta, de las ayudas», de forma que «desde su posición como representante de CCOO, y a sabiendas de su evidente y grosera ilegalidad, habría posibilitado su concesión realizando gestiones al respecto con los responsables de la Consejería de Empleo con el fin de que Intesur y los «intrusos» obtuvieran de forma irregular los fondos públicos comprometidos».