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Morón

Siles advierte de consecuencias penales tras unanimidad del pleno en defensa de la Sierra y el Alcalde de Morón recula y contrata asesoramiento externo

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En lugar de cumplir con lo aprobado por unanimidad del pleno y remitir a Medio Ambiente el Informe de Incompatibilidad Urbanística respecto a nuevas canteras en la Sierra, el primer edil ha  contratado –a dedo- por más de 18 mil euros a una firma para que lo asesore ante las "advertencias" de la empresa de Siles.

_En lugar de cumplir con lo aprobado unanimemente en el pleno y remitir a Medio Ambiente el Informe de Incompatibilidad Urbanística respecto a nuevas canteras en la Sierra, el primer edil ha  contratado –a dedo- por más de 18 mil euros a una firma para que lo asesore ante las "advertencias" de la empresa de Siles. 

 

 

En el pleno ordinario de septiembre de 2022 todos los grupos municipales, incluído el PSOE, votó a favor  de una moción de AMA a la que denominaron  “para la protección de la Sierra de Esparteros”. La unanimidad del pleno fue tildada en esos días por la Plataforma Salvemos Esparteros de “histórica” ya que la moción hacía valer las normas urbanísticas de nuestra ciudad ante la intención de la empresa Sierra de Morón SL de abrir un nuevo frente de cantera.

 

Y es que el punto primero de los acuerdos adoptados, contenidos en dicha moción, se indicaba que el Alcalde de Morón remitiera a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Sevilla, el Informe de Incompatibilidad Urbanística  correspondiente a la solicitud de ampliación del nuevo frente.

 

 

Pero en un nuevo giro de los acontecimientos, el Alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, ha dado marcha atrás tras recibir días después de la moción un escrito de la empresa Sierra de Morón SL, en el que se recogen una serie de consideraciones jurídicas en relación con el acuerdo plenario, que ponen en cuestión la legalidad del mismo y hacen alusión a posibles responsabilidades penales.

 

La advertencia de la empresa de los Siles le ha llevado al Alcalde a contratar a la firma MONTERO ARAMBURU, S.L.P., por un importe de 14.980,00 euros más IVA (de nuevo el gobierno local estaría adaptando el precio de un contrato para que esté entre los 14.900 euros y los 14.999,99 euros, límite legal para poder usar el contrato menor: a dedo, casi sin controles ni transparencia) para que le indique cómo proceder con la Moción, “habida cuenta del informe del Arquitecto Municipal de fecha 22 de junio de 2022, es decir, contenido de la moción aprobada por el Pleno municipal el 22 de septiembre de 2022, y su posible inefectividad o ilegalidad, según proceda, y vías de actuación en dicho caso”, podemos leer en un decreto de Alcaldía  fechado el pasado 11 de noviembre por el que el primer edil contrata estos servicios  jurídicos.

El primer edil justifica el contrato a una empresa externa “ante la complejidad técnica y legal del asunto en cuestión” y  “la necesidad de profundizar en el análisis y valoración de dichas consideraciones jurídicas, a tenor de las consecuencias legales que podrían derivarse para el conjunto de concejales de la corporación de resultar improcedente el acuerdo adoptado”.

 

 

Asimismo, el contrato jurídico deberá incluir asesoramiento sobre  “cómo proceder con las Normas Subsidiarias aprobadas y consecuencias jurídicas o posibles responsabilidades legales que pudieran derivarse de su aplicación, abundando en este sentido: Existencia de una contradicción o error jurídico en la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera aprobadas el 29 de Marzo de 2009, en lo que respecta a los usos extractivos autorizados con anterioridad a dicha aprobación, conforme a la legalidad vigente en aquel momento. En ese caso, posibles vías procedimentales para la corrección o adecuada interpretación de dicha norma, más concretamente la del artículo O.2.42, apartado c, punto 2 de las Normas Urbanísticas aprobadas con la Adaptación Parcial referida.”, según podemos leer en un decreto de Alcaldía  fechado el pasado 11 de noviembre por el que el primer edil contrata estos servicios  jurídicos”, se añade en el decreto.

 

 

 

 

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